El Pleno de la Diputación ha dado un paso importante en su encuentro extraordinario y urgente al validar la aprobación inicial del plan «Cádiz Marcha 2025», que busca impulsar el desarrollo de la infraestructura y los servicios públicos en la provincia. Con un presupuesto de 15.415.000 euros, este plan financiará 87 actuaciones proyectadas por los municipios, lo que se traduce en una inversión significativa en diversas áreas.
La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, destacó el impacto positivo que tendrá este plan en la generación de empleo y en la retención de población en el territorio, además de la asistencia económica a Ayuntamientos con limitados recursos. Según Martínez, «nunca ha habido más planes y nunca se ha movilizado más inversión de la Diputación como en este mandato».
La ejecución de las actuaciones abarca hasta el 20 de octubre de 2027, y casi la mitad de ellas se centran en mejorar el viario urbano, lo que refleja una clara necesidad de infraestructura en la provincia. Entre otras áreas, se destinarán recursos a la mejora de edificios públicos, adquisición de vehículos, parques y zonas verdes, así como a servicios sociales y deportivos.
En cuanto a la distribución de la inversión, se contempla diferentes asignaciones dependiendo del tamaño de la población de cada localidad. Por ejemplo, las con una población mayor al 2% de la provincia recibirán 445.000 euros, mientras que otras más pequeñas, menos del 0,5%, recibirán 250.000 euros.
Además, se ha aprobado el expediente de expropiación forzosa para mejorar la carretera CA-9107, conocida como la carretera de Lora, en Alcalá del Valle. Este proyecto, con un presupuesto de más de 1,8 millones de euros, busca aumentar la seguridad vial con la implementación de un trazado más seguro y menos sinuoso. Javier Bello, responsable del Área de Cooperación, afirmo que esta actuación cumple con uno de los compromisos de la presidenta de Diputación con el Ayuntamiento local.
El Pleno también dio luz verde a la desadscripción de la Finca El Madrugador del IEDT para reintegrar este bien al patrimonio de la Diputación, un paso necesario para llevar a cabo las reformas que requiere el inmueble.
Por último, se han formalizado acuerdos en materia de consumo, asegurando la continuidad de la Junta Arbitral de Consumo, además de aprobar aumentos de partidas para la reparación de acuartelamientos y dependencias de la Guardia Civil, asegurando así la mejora de sus instalaciones.
Estas decisiones representan un esfuerzo significativo para dinamizar la economía local, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer la infraestructura de la provincia.
Fuente: Diputación de Cádiz.
