Izquierda Unida (IU) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han exigido dimisiones en el seno del gobierno andaluz en respuesta a recientes controversias, mientras que la Junta de Andalucía ha prometido brindar la «máxima colaboración» con la Justicia para esclarecer los hechos investigados. Ambas formaciones políticas han intensificado la presión sobre el ejecutivo regional, señalando la necesidad de asumir responsabilidades políticas. La administración de la Junta ha asegurado que cooperará plenamente con las autoridades judiciales para garantizar la transparencia y el esclarecimiento de las investigaciones en curso.
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