En los Estados Unidos, el auge de la tecnología de vigilancia ha encendido un debate encarnizado sobre privacidad y supervisión. El acceso «gratuito» a equipos avanzados de vigilancia, como lectores automáticos de matrículas y sistemas de reconocimiento facial, ha sido facilitado por proveedores, agencias federales y benefactores privados, eludiendo, en muchos casos, la regulación regional. Estos recursos, lejos de ser inocuos, han sembrado preocupación sobre la erosión de libertades civiles y el riesgo de filtración de datos sensibles.
La facilidad con la que estas herramientas desembarcan en las fuerzas del orden locales plantea preguntas inquietantes. El flujo de información hacia organismos como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) representa un peligro latente para millones de ciudadanos, quienes podrían ver comprometidas sus vidas personales sin su conocimiento ni consentimiento. Los costos, por tanto, trascienden lo económico: la vigilancia masiva transforma libertades fundamentales en escombros de un pasado más sencillo y justo.
Ciudades estadounidenses tienen, no obstante, la potestad de rechazar este tipo de tecnología, y aún así, la financiación se presenta como un trofeo de seguridad pública, seductor y engañoso. Los proyectos piloto y los programas de ensayos, que distribuyen equipo a las fuerzas locales, rara vez están acompañados de políticas de uso claras, dejando a comunidades enteras a oscuras sobre el alcance del monitorio en sus calles.
Casos como el de Denver, donde la policía utiliza drones bajo programas de prueba, reflejan el riesgo de invisibilización ciudadana. O en Fall River, Massachusetts, donde la policía empleó un sistema de vigilancia largamente cuestionado, ilustran cómo el acceso constante a tecnología gratuita perpetúa inconscientemente la dependencia.
Incluso, aportes de fundaciones policiales y altos donantes individuales han alimentado la existencia de agendas de vigilancia furtiva. El episodio en Atlanta, donde la Fundación de Policía buscó eludir la exigencia de transparencia, subraya la necesidad imperiosa de normativas robustas que regulen la aceptación y uso de estas tecnologías.
El flujo de financiación federal, como el caso del Programa de Subvenciones para la Seguridad Nacional, a menudo atrapa a las localidades en compromisos a largo plazo, perpetuando infraestructuras intrusivas difíciles de desmantelar. Ante esto, la solución más efectiva para salvaguardar la privacidad puede ser la denegación de estas «donaciones» tecnológicas. Para las ciudades que ya se han adentrado en esta senda de vigilancia, la urgencia radica en apagar inmediatamente estos sistemas, instaurando barreras infranqueables que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas.
En conclusión, las decisiones sobre la introducción de estas tecnologías de vigilancia deben emerger del consenso popular y político, defendiendo los derechos de los ciudadanos en un entorno donde la supervisión parece omnipresente y avasallante. La pretensión de gratuidad, aquí, es una moneda que, en última instancia, endeuda socialmente a las comunidades y erosiona sus cimientos democráticos.
