En un giro sin precedentes desde 1979, Corea del Sur ha instaurado la ley marcial, medida adoptada por el presidente Yoon Suk Yeol en respuesta a lo que denuncia como paralización gubernamental por parte de una oposición que, según él, simpatiza con Corea del Norte. La decisión, comunicada en un mensaje televisado, incluye la suspensión de actividades políticas y un férreo control sobre los medios de comunicación, lo que ha desatado críticas internas por considerarse inconstitucional. Este tenso contexto político se intensifica en medio de denuncias de escándalos de corrupción que involucrarían a funcionarios del gobierno y a la esposa del presidente, mientras que la oposición, encabezada por el Partido Democrático, busca unirse en la Asamblea Nacional, ahora bloqueada por las fuerzas del orden.
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