El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha manifestado recientemente su inquietud ante una posible iniciativa del Partido Popular (PP) de instigar una acción judicial contra la vicepresidenta Teresa Ribera. Según fuentes del PSOE, el PP estaría considerando la posibilidad de establecer conexiones con determinados sectores de la judicatura para promover una querella, cuya legitimidad se pone en duda, a instancias de alguna organización de extrema derecha.
Esta preocupación surge en el marco del «Caso Begoña Gómez», donde la esposa del presidente ha sido convocada por sospechas de irregularidades en su relación con la Universidad Complutense. Este antecedente ha servido como advertencia para el PSOE sobre las posibles tácticas del PP, quienes estarían dispuestos a aprovechar cualquier coyuntura judicial para obstaculizar las acciones del gobierno. El PSOE alerta sobre un ambiente predispuesto en algunos sectores judiciales que podría facilitar estos movimientos.
Este temor se enmarca en un contexto de alta polarización política. Desde la perspectiva socialista, el PP estaría utilizando tácticas judiciales para frenar las políticas del Ejecutivo. Los socialistas expresan que el PP podría estar buscando un juez que comparta sus objetivos políticos, lo cual podría cuestionar la imparcialidad de la justicia y establecer un precedente preocupante para la democracia.
Frente a esta eventual ofensiva, el PSOE sostiene la transparencia y legalidad de las acciones de Ribera, rechazando cualquier intento de desestabilización del gobierno a través de métodos que consideran poco éticos y motivados por intereses partidistas.
La denuncia del PSOE destaca el papel creciente de la judicatura en el escenario político actual. Para los socialistas, el uso de querellas como herramienta de ataque contra el Ejecutivo representa un riesgo para la integridad de las instituciones y refuerza una confrontación que podría minar la confianza pública en la justicia.
El PSOE subraya que las decisiones judiciales deben basarse en evidencias y no en motivaciones políticas, señalando que esta situación amenaza la separación de poderes. Tanto el Ejecutivo como el partido observan con cautela el desarrollo de estos movimientos judiciales potenciales en un contexto de alta tensión política.
