Desde el PSOE-M han manifestado su preocupación respecto a ciertas prácticas de la gestora, las cuales podrían estar vinculadas a posibles delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y atentados contra la salud pública, además de la posible denegación de prestaciones públicas. Esta declaración subraya la gravedad de las acciones señaladas y la necesidad de una investigación para determinar la validez de estas acusaciones y esclarecer cualquier irregularidad que pudiera comprometer el bienestar de la comunidad y la transparencia en la gestión pública.
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