El gobierno central ha sido criticado por su estrategia política al colocar a sus candidatos en la ardua tarea de defender los servicios públicos mientras se promueve un modelo de financiación que, según se afirma, desfavorece a regiones como Extremadura, Aragón y Castilla y León, en contraste con Cataluña que podría verse beneficiada. La crítica se intensifica con la mención de que Andalucía podría ser la siguiente región en entrar en esta ecuación de desequilibrio económico y político.
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