En medio de un panorama energético y digital en evolución, el Gobierno español ha iniciado un debate candente sobre la regulación de la sostenibilidad y eficiencia de los centros de datos. El proyecto de Real Decreto, que busca respaldar al menos el 80 % del consumo de los centros de datos con nueva generación renovable y mantener una correlación horaria, ha suscitado intensas reacciones de operadores y asociaciones energéticas.
El momento de esta discusión no podría ser más crucial. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha enfatizado la necesidad de estas infraestructuras para la soberanía digital europea, pero también ha destacado una creciente presión sobre la red eléctrica nacional. Desde 2023, se han otorgado más de 12 GW de capacidad a centros de datos tanto en transporte como en distribución, generando un conflicto potencial con otras necesidades de electrificación.
La controversia no gira en torno a la eficiencia o el uso de energía renovable por parte de los centros, sino en cómo se implementarán las políticas establecidas en el borrador del decreto. Una de las propuestas más debatidas es la exigencia de que se cubra el 80 % del consumo energético con generación renovable recién creada y ajustada a una correlación horaria.
Este enfoque ha levantado preocupaciones, especialmente desde la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables). Según su director, José María González Moya, España ya desperdicia cerca del 25 % de la electricidad renovable producida debido a vertidos económicos y técnicos. Los críticos sostienen que obligar a los centros de datos a depender de nueva generación renovable podría desaprovechar la capacidad existente que, aunque ya instalada, no siempre encuentra demanda.
Asimismo, la propuesta enfrenta otros desafíos técnicos con la introducción temporal de límites de eficiencia energética y uso de agua, conocidos como PUE (Power Usage Effectiveness) y WUE (Water Usage Effectiveness). Mientras el primero mide la eficiencia energética de un centro, el segundo evalúa su consumo de agua. Los operadores han señalado que alcanzar simultáneamente estándares bajos en ambos indicadores puede ser complejo, especialmente en instalaciones de colocation.
La reacción más severa ha venido de SpainDC, una asociación que representa a más de 300 empresas del sector, quien alerta sobre una posible fuga de inversiones. Según SpainDC, si la normativa se aprueba sin cambios, hasta el 90 % de la inversión proyectada podría quedarse fuera de España. Esta preocupación se amplifica por los requisitos de soberanía digital que también forman parte del proyecto, enfocados en mantener los datos críticos dentro del territorio de la UE.
El Gobierno ha defendido que cualquier nueva gran demanda eléctrica, como la de los centros de datos, debe ir acompañada de una nueva generación para evitar que absorban la electricidad renovable destinada a otros sectores. La regulación propuesta está abierta a cambios, y el periodo de audiencia pública, aunque criticado por ser demasiado breve, ofrece una ventana para ajustar el enfoque antes de su aprobación definitiva.
Mientras avanza el proceso, el sector sigue en vilo esperando un equilibrio que permita al país aprovechar al máximo su potencial renovable sin desalentar el desarrollo de infraestructuras críticas para el futuro digital de España. Las alegaciones presentadas hasta el 4 de septiembre de 2026 determinarán en gran medida el camino final que tome este reglamento.
