En el transcurso del último año, Andalucía ha gestionado un total de 411 expedientes de alertas alimentarias mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Esta gestión se lleva a cabo a través de la aplicación Irasff de la Comisión Europea. De estos expedientes, 155 tuvieron repercusión directa en la comunidad autónoma, dado que su origen o distribución se realizó en establecimientos de Andalucía, lo que requirió la intervención del personal inspector de la Consejería de Salud y Consumo en el mercado.
Las alertas alimentarias son fundamentales para notificar la existencia de riesgos graves, directos o indirectos, para la población en alimentos comercializados. Estos riesgos son evaluados en función de la probabilidad de efectos perjudiciales para la salud y su gravedad, provocados por peligros presentes en alimentos o materiales en contacto con ellos, lo que puede requerir acciones rápidas por parte de las autoridades sanitarias.
La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica actúa como el punto central a nivel autonómico para gestionar e intercambiar información sobre los controles oficiales realizados en Andalucía en el contexto de las alertas alimentarias.
Para garantizar una transmisión eficiente de la información, se utilizan herramientas electrónicas que facilitan el intercambio de datos. Este sistema está respaldado por un equipo de inspectores, compuesto por veterinarios y farmacéuticos, que conforman una red de alertas de salud pública disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
Los productos involucrados en los 411 expedientes de alerta se clasifican en 145 de origen animal, 213 de origen vegetal y 53 de otros orígenes, como aditivos alimentarios y materiales en contacto con alimentos. De los 155 expedientes con repercusión en Andalucía, 20 se refieren a productos originarios de la comunidad, mientras que los 135 restantes son de productos procedentes de fuera de Andalucía.
En cuanto a los tipos de riesgos identificados, 102 expedientes corresponden a riesgos biológicos, 201 a riesgos químicos, 38 a riesgos físicos y 70 a otros riesgos, incluyendo alérgenos. Específicamente, de los 155 expedientes que requirieron actuaciones en Andalucía, 33 estaban vinculados a riesgos biológicos, 71 a químicos, 16 a físicos y 35 a otros riesgos.
Málaga es la provincia que ha gestionado la mayor cantidad de alertas, con un total de 98 expedientes. Le siguen Sevilla con 74, Granada y Almería con 53, Cádiz y Córdoba con 48, Jaén con 32 y Huelva con 30.
Además, en 2024 se han gestionado a nivel autonómico cuatro expedientes de alertas relacionadas con riesgos biológicos en productos de origen animal. Estos no requirieron la notificación a través del SCIRI, ya que no se distribuyeron fuera de Andalucía.
Toda la información mencionada está disponible para consulta pública a través del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Fuente: Junta de Andalucía.
