El tribunal ha dictaminado a favor de priorizar las preocupaciones de seguridad nacional sobre la libertad de expresión, afectando a los 170 millones de usuarios de una popular red social con sede en China. La decisión se centra en las implicaciones que el vínculo de la plataforma con una empresa matriz china podría tener para la seguridad del país, reflejando un creciente escrutinio sobre las redes sociales de propiedad foránea y su potencial uso para influencias externas. Este fallo subraya el delicado equilibrio que deben mantener los gobiernos entre proteger la seguridad nacional y garantizar los derechos individuales de los usuarios.
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