El Tribunal Supremo evalúa hoy la posibilidad de suspender temporalmente la regularización de aproximadamente 500,000 inmigrantes en España, una iniciativa del Gobierno que enfrenta recursos de la Comunidad de Madrid, Vox y otras organizaciones. La medida, implantada desde el 16 de abril mediante un real decreto, ha registrado 200,000 solicitudes hasta ahora, con un plazo que vence el 30 de junio. Los opositores argumentan que la norma afectará gravemente a los servicios públicos y supone un fraude de ley, mientras que la Abogacía del Estado defiende que su paralización comprometería el interés general y sostiene que los beneficiarios ya usan servicios públicos sin hacerles colapsar. El Ejecutivo destaca el acceso al empleo como un beneficio clave del decreto, que fortalecería las cotizaciones sociales y promovería la integración. Las vistas celebradas hoy expondrán estos y otros argumentos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal.
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