La Sala Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que condena a José María Torrens Ferrer, administrador del Grupo Petromiralles, a 7 años de prisión y una multa de 213 millones de euros por delitos contra la Hacienda Pública relacionados con la defraudación del IVA durante los años 2011, 2012 y 2013, además de tenencia ilícita de armas. La sentencia anula la condena previa por blanqueo de capitales, que implicaba 6 años adicionales de cárcel y una multa de 24 millones, debido a que no se hallaron pruebas suficientes de su participación en dicho delito. El fallo mantiene que la responsabilidad civil subsidiaria de Petromiralles debe cubrir toda la cantidad defraudada a Hacienda. La resolución destaca que no hay evidencia concreta de que Torrens manejara o diese instrucciones sobre las cuentas asociadas a la operación de blanqueo, que beneficiaban a otras entidades y personas.
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