Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) revela que el empresario Víctor de Aldama cubría los costos de un alquiler de 2.700 euros mensuales como compensación por la mediación de un ex dirigente socialista en sus negocios. La investigación arroja luz sobre las posibles irregularidades en estas transacciones, sugiriendo que el pago del alquiler estaba directamente vinculado a los servicios de intermediación brindados por el político. Esta práctica plantea interrogantes sobre la integridad de las relaciones entre el sector empresarial y ciertos actores políticos.
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