La Audiencia de Barcelona condenó en 2022 a 17 personas por una trama de concesiones ilegales de licencias para pisos turísticos en el distrito de Ciutat Vella, que violaban la normativa municipal a cambio de sobornos. El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia, aunque ha anulado la condena de cohecho para Elena Ariza, exresponsable de la secretaría técnico-jurídica, pero le ha mantenido una pena de dos años por prevaricación urbanística y falsedad documental. Francesc Gabriel Palau Helguera, otro exfuncionario condenado, también vio ratificada su condena de dos años y siete meses. Este caso, iniciado en 2009 y con sentencia en 2019, surgió gracias a la denuncia de la exconcejala Itziar González y la técnica Lourdes Conesa, enfrentándose a amenazas por su oposición a estas irregularidades. El escándalo, que implicó soborno, prevaricación y falsedad documental, derivó del mal uso del Plan Especial de 2005, diseñado para frenar la proliferación de apartamentos turísticos. Durante el juicio, la mayoría de los implicados pactaron con la Fiscalía para evitar largas condenas de prisión.
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