La Sala de Apelación ha confirmado la decisión del juez instructor al concluir que el ex presidente se benefició patrimonialmente mediante el uso ilegal de fondos públicos con propósitos políticos. Esta ratificación subraya que las acciones del ex mandatario no solo fueron éticamente cuestionables, sino que además implicaron un desvío de recursos destinados al bienestar público para intereses personales, constituyendo un abuso de poder y una violación de la confianza ciudadana. La decisión refuerza el compromiso de las autoridades judiciales de perseguir actos de corrupción que involucren el uso inapropiado de recursos estatales.
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El Supremo rechaza la amnistía por malversación a Puigdemont y permite recurrir al Constitucional
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