El delito de golpe de Estado en el ordenamiento jurídico establecido puede llevar consigo una sentencia máxima de hasta 12 años de prisión. Esta grave acusación refleja la severidad con la que la legislación penal aborda los intentos de desestabilizar el sistema constitucional y alterar el orden democrático en cualquier nación. Por lo tanto, los involucrados en este tipo de actos enfrentan sanciones significativas que buscan disuadir cualquier amenaza al orden político vigente, asegurando así la preservación de la institucionalidad y legitimidad del Estado.
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El Supremo Tribunal Federal de Brasil enjuiciará a Bolsonaro por presunto intento de golpe de Estado
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