El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha lanzado una crítica contundente al sistema de pensiones de España, focalizando su atención en el complemento por brecha de género. Este beneficio, que fue modificado en 2021 con el objetivo de ser más equitativo y permitir que algunos hombres accedan a él, ha sido calificado como discriminatorio por el tribunal europeo.
La polémica se centra en la diferencia de requisitos para acceder al complemento: mientras las madres lo reciben automáticamente, los padres deben demostrar un perjuicio profesional vinculado a la crianza para poder beneficiarse. El TJUE considera esta condición como una desventaja injustificada, violando el principio de igualdad.
La sentencia tiene implicaciones significativas no solo para los receptores actuales del complemento y aquellos a quienes se les ha denegado, sino también para la distribución de los fondos públicos destinados a pensiones. El TJUE enfatiza la necesidad de equiparar los criterios de acceso al complemento para maternidad y paternidad, promoviendo así la corresponsabilidad y el reconocimiento justo de la crianza en la vida laboral de hombres y mujeres.
A pesar de esta postura, el tribunal deja claro que no deben retirarse los beneficios ya concedidos a las madres. En cambio, establece que si un padre solicita el complemento en equivalencia de condiciones, no debería enfrentar más barreras que una madre. Esto demanda un replanteamiento del esquema actual, subrayando una nueva pauta en la política de pensiones europea.
La respuesta del Ministerio de Inclusión es esperada con interés. Han adelantado que examinarán con detenimiento la sentencia, mientras que los debates sobre el rumbo futuro del complemento ya han comenzado. Organizaciones como UGT han manifestado su preocupación de que una generalización del mismo pueda diluir su meta de equidad.
Este fallo del TJUE abre un debate crucial sobre el reparto de responsabilidades familiares, el reconocimiento de los cuidados, y el papel de las pensiones como un elemento de justicia social. La discusión se perfila como un desafío transformador para el sistema de pensiones español, incitando a una reflexión más profunda en toda Europa.
