El Consejo de Garantías Estatutarias ha concluido que la norma impulsada por ERC y Comuns, con el apoyo del PSC, es compatible con la Constitución. Este dictamen despeja el camino para la posible implementación de la legislación, ya que no encuentra razones constitucionales que la impidan. La resolución del consejo se convierte en un respaldo significativo para las fuerzas políticas que promovieron la norma, al certificar que los principios constitucionales no se verían comprometidos con su aplicación.
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