El Tribunal Electoral de México ha revocado, por mayoría de votos, una decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que limitaba a los servidores públicos, incluidos la presidenta Claudia Sheinbaum y otros líderes políticos, la promoción de las elecciones judiciales del 1 de junio. Esta medida, promovida inicialmente por el oficialismo para evitar el uso de recursos públicos y asegurar la equidad electoral, ha sido revertida, permitiendo la difusión en redes sociales y medios de comunicación por parte de legisladores. La presidenta Mónica Soto y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes consideran que actúan dentro del marco constitucional, aunque han enfrentado críticas por este movimiento. A pesar de las restricciones impuestas, la campaña informativa podrá continuar con ciertas limitaciones, siendo un triunfo para quienes buscan flexibilizar la participación de funcionarios en el proceso electoral.
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