El Tribunal Supremo ha ratificado que la Agencia Tributaria podrá llevar a cabo inspecciones de manera libre y simultánea sobre aquellos contribuyentes que utilicen empresas para pagar menos impuestos. Esta medida se centrará particularmente en aquellos que usan sociedades para reducir su obligación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta decisión está alineada con una medida previamente anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que establece el 3 de febrero de 2025 como la fecha en la que Hacienda debe revelar la identidad de los verdaderos propietarios de las compañías, obligándoles a proporcionar información detallada sobre sus titulares reales.
La sentencia, dictada el 22 de julio, amplía las facultades del Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, en su lucha contra el fraude fiscal. La resolución advierte que la emisión de facturas falsas por servicios con la intención de beneficiarse del Impuesto de Sociedades será sancionada severamente. Además, el Tribunal Supremo ha autorizado la realización de múltiples inspecciones en paralelo, enfatizando que este proceder no compromete el derecho a la defensa de los inspeccionados, quienes pueden impugnar cualquier liquidación efectuada en su contra.
En el contexto de la lucha contra el fraude fiscal y el lavado de dinero, se introduce una nueva normativa que obliga a las plataformas digitales a informar al fisco sobre sus operaciones de venta. Esta regulación exige a todos los empresarios y profesionales, incluyendo a los no residentes que operen en España y aquellos en régimen de atribución de rentas, a presentar la Declaración censal de alta, modificación y baja mediante el Modelo 030. La medida afecta a un amplio grupo de operadores económicos y viene acompañada de la posibilidad de que los contribuyentes amplíen la autorización para recibir notificaciones electrónicas de la Agencia Tributaria, incluso extendiéndola a la Dirección General de Tributos.
Este avance legislativo se justifica recordando un precedente en el cual la Agencia Tributaria actuó contra un abogado y su empresa por facturar servicios de manera incorrecta para reducir la carga del IRPF. Se destaca la pertinencia de esta medida y se advierte sobre la conveniencia de evitar la facturación de actividades económicas a través de entidades empresariales. Hacienda ahora tendrá la capacidad de investigar estas operaciones con mayor detalle, imponiendo nuevas obligaciones para empresarios y profesionales independientes, quienes deberán reevaluar cuidadosamente sus prácticas tributarias.
