En un fallo controvertido, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos relacionado con el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, dos magistradas progresistas, Susana Polo y Ana Ferrer, discreparon, argumentando la falta de pruebas concretas que vinculen directamente a García Ortiz con la filtración del correo, y sostienen que el fiscal debería haber sido absuelto. La sentencia finalmente fue redactada por el presidente de la sala, Andrés Martínez-Arrieta, luego de que Polo, originalmente encargada de la ponencia, fuera apartada debido a la falta de consenso entre los magistrados.
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