En un movimiento que subraya las crecientes tensiones entre las agencias de seguridad nacionales y las empresas tecnológicas, numerosas organizaciones defensoras de derechos civiles han urgido a corporaciones como Meta, Google, Amazon y Apple a proteger a sus usuarios de los requerimientos considerados ilegales por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos. Este organismo ha estado emitiendo citaciones administrativas que buscan recabar datos personales de individuos que participan en actividades protegidas por la Primera Enmienda, como documentar acciones del ICE o participar en protestas y críticas al gobierno.
Los activistas sostienen que estas citaciones violan la ley, un hecho que el propio gobierno reconoce. En situaciones recientes, cuando afectados han llevado estas citaciones a los tribunales, el DHS ha optado por retirarlas antes de enfrentar una sentencia desfavorable. Sin embargo, el camino legal es complejo y costoso, inalcanzable para muchos ciudadanos que no cuentan con los recursos necesarios para defenderse eficazmente.
De la mano de la ACLU de California del Norte, diversas organizaciones han propuesto a las plataformas tecnológicas la implementación de medidas más estrictas para resguardar a sus usuarios. Entre las propuestas destacan asegurar la autorización de un juez antes de acatar cualquier citación del DHS y notificar oportunamente a los usuarios convocados. Adicionalmente, exigen resistencia ante las órdenes de silencio que impiden alertar a los usuarios sobre su situación frente a estas citaciones.
Se ha dirigido una carta a gigantes tecnológicos, instándolos a adoptar una postura activa en la defensa de la privacidad de sus usuarios. La capacidad del DHS para emitir estas citaciones, que no requieren aprobación judicial, permite la obtención de datos de usuarios sin el mismo nivel de escrutinio que una orden judicial. En caso de negativa de las empresas, DHS puede abandonar la solicitud o buscar la validación judicial, lo cual se sugiere que hagan las compañías tecnológicas.
En el último año, el uso del poder de citación por parte del DHS para perseguir opiniones protegidas ha sido motivo de preocupación. Ejemplos de ello incluyen la solicitud de información sobre estudiantes y personas retiradas que se han manifestado contra sus políticas. Este tipo de acciones ha generado una oleada de críticas y ha aumentado la presión sobre las empresas tecnológicas para que refuercen su compromiso con la protección de los derechos de sus usuarios. La situación destaca la tensión entre la privacidad individual y las demandas de seguridad nacional, un tema que seguramente seguirá abriendo debates en múltiples frentes.
