En el mundo moderno del 2025, donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la cárcel estatal de Nueva Jersey vive anclada en el pasado al permitir solo el uso de disquetes de 1,44 MB para los internos que trabajan en sus apelaciones judiciales. Esta situación, revelada por Jorge Luis Alvarado en el Prison Journalism Project, expone una desconexión preocupante entre el sistema penitenciario y el progreso tecnológico.
El uso de disquetes, cuya producción cesó en 2011, limita severamente la capacidad de los presos para gestionar sus documentos legales. Mientras los abogados actuales utilizan memorias USB, dentro de la prisión estos dispositivos están prohibidos. La alternativa es utilizar un ordenador en la biblioteca legal para transferir archivos a disquetes, lo que implica esperar días en autorizaciones, un tiempo crítico cuando los plazos legales apremian.
La fragilidad de los disquetes, junto con la restricción de poseer solo 20 unidades, obliga a los internos a manejar múltiples copias para evitar la pérdida de datos. En un mundo donde las tecnologías avanzadas están al alcance de cualquiera, es paradójico que los presos tengan que defender su libertad con herramientas obsoletas.
El debate se sitúa entre la necesidad de mantener la seguridad y la violación de derechos fundamentales al restringir el acceso a medios tecnológicos básicos. Mientras que algunos argumentan que proporcionar tecnología avanzada podría suponer un riesgo, organizaciones de derechos humanos señalan que la falta de acceso tecnológico adecuado dificulta la preparación de una defensa justa.
Este retraso tecnológico tiene un costo humano significativo. Con un porcentaje de encarcelados potencialmente inocentes, cada obstáculo añadido puede ser la diferencia entre recuperar la libertad o permanecer injustamente tras las rejas. Jorge Luis Alvarado lo resume con contundencia: “Estamos intentando entrar al mundo moderno, porque lo necesitamos para abogar por nuestra libertad”.
En el contexto actual, donde la digitalización prevalece, la situación en Nueva Jersey pone en evidencia una brecha digital que trasciende lo tecnológico y acarrea profundas consecuencias humanas.
