Las comunidades gobernadas por el Partido Popular rechazaron el decreto del Gobierno que busca redistribuir a 4,400 menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta hacia otras regiones de España. Durante la Conferencia Sectorial de Infancia, presidida por la ministra Sira Rego, se intentó acordar un mecanismo de solidaridad territorial que alivie la presión sobre los sistemas de acogida saturados, pero no se alcanzó consenso alguno, dejando el decreto sin modificaciones. Mientras Sira Rego lamentó la falta de propuestas del PP, acusaron al Gobierno de actuar sin consultar adecuadamente a las autonomías. Aunque el decreto sigue vigente, el Gobierno planea avanzar con el traslado de menores, a la espera de datos actualizados de las comunidades autónomas. Este desacuerdo se enmarca en una disputa continua sobre la reforma de la ley de extranjería y los criterios de reparto, que el PP ha impugnado ante el Tribunal Constitucional.
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