Documentos judiciales recientes han arrojado una luz inquietante sobre una investigación llevada a cabo por agentes del condado de Johnson, Texas. Se ha revelado que utilizaron datos de vigilancia de Flock Safety para investigar un aborto, en clara contradicción con las afirmaciones previas de la empresa y del sheriff local. Inicialmente, se habría informado que se trataba de un caso de persona desaparecida, centrado en la seguridad de una mujer. Sin embargo, nuevos detalles indican que los agentes llevaron a cabo una «investigación de muerte» en torno a un «feto no viable» y analizaron la posibilidad de presentar cargos contra la mujer por un aborto autogestionado.
El sheriff del condado, Adam King, había negado insistentemente cualquier vínculo entre el uso del lector automático de matrículas y la imposición de la prohibición del aborto en Texas. Flock Safety llegó a calificar de «falsas» y «sensacionalistas» las narrativas difundidas en los medios. No obstante, un affidavit jurado por el detective principal del caso confirma que la investigación estaba relacionada con un aborto, respaldada por documentación proporcionada por la pareja de la mujer.
Toda esta controversia ha alarmado a defensores de la justicia reproductiva a lo largo del país, subrayando los peligros del uso de datos de ALPR en temas de salud reproductiva. La oficina del fiscal de distrito explicó a los agentes que no era posible acusar a la mujer por su decisión de abortar, lo que abrió un debate sobre el respeto a los derechos reproductivos.
Como resultado, se ha intensificado la investigación sobre el uso de estos sistemas de vigilancia, con pedidos enfáticos de prohibir el uso de estos datos en decisiones sobre salud reproductiva. En respuesta, líderes en Illinois y California han iniciado acciones, buscando proteger los derechos de las personas.
Las revelaciones han evidenciado una profunda discrepancia entre la realidad del caso y las declaraciones oficiales. La investigación, iniciada tras un reporte de la pareja de la mujer quien enfrenta acusaciones de violencia doméstica, fue manipulada en su divulgación pública. Este caso subraya los riesgos de la vigilancia masiva y su potencial uso para perseguir a individuos en situaciones protegidas por la ley.
