La situación en la antigua prisión de Palma, ocupada por 200 personas, sigue sin solución habitacional pese a los esfuerzos del Ayuntamiento por coordinar una respuesta con entidades sociales y gubernamentales. A pesar de las cartas enviadas a organizaciones representadas en la red EAPN solicitando colaboración para ofrecer alojamiento temporal, ninguna ha proporcionado una alternativa viable. La necesidad del desalojo es urgente debido a riesgos de incendio y la seguridad de los ocupantes. El Ayuntamiento, en colaboración con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y otras instituciones, busca alternativas interinstitucionales mientras los bomberos y la Policía continúan manejando incidentes crecientes en el lugar. El proceso de notificación para el desalojo ha comenzado, otorgando cinco días a los ocupantes para presentar alegaciones antes de proceder legalmente. Mientras tanto, se han intensificado las medidas de control para evitar un aumento en el número de ocupantes, en un escenario agravado por incidentes recientes como incendios y detenciones.
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