La licitación para la producción de pasaportes y visados en Colombia se ha convertido en un asunto complejo y polémico bajo el gobierno de Gustavo Petro. Aunque inicialmente parecía una cuestión técnica, ha provocado preocupación sobre la continuidad del servicio, cuyo contrato actual vence el 3 de octubre. Petro ha decidido no renovar con Thomas Greg & Sons (TGS), empresa que gestiona estos documentos desde 2007. La Cancillería no ha logrado establecer un nuevo proveedor y ha extendido el contrato de TGS mientras se exploran opciones con gobiernos extranjeros, generando rumores y confusión. Las empresas extranjeras que participaron en la licitación abierta en mayo de 2023 se retiraron alegando favoritismo hacia TGS. La licitación fue suspendida en junio por irregularidades, y TGS demandó al Estado por 117.000 millones de pesos. El proceso ha provocado tensiones y renuncias en el Ejecutivo, incluido el exministro Álvaro Leyva. El actual canciller, Luis Gilberto Murillo, explora una alianza público-privada y espera resolver la situación antes de la fecha límite.
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