Un alto funcionario ha acusado al Estado de haber perjudicado significativamente a un servicio público en Cataluña debido a «décadas de desinversión». En un discurso contundente, se ha exigido el traspaso «integral» de la gestión de dicho servicio a la comunidad catalana, con el objetivo de que esta pueda administrarlo de manera independiente y eficiente. La solicitud refleja un creciente descontento regional frente a lo que consideran un abandono prolongado por parte del gobierno central, intensificando el debate sobre la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
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