El conflicto por los impagos a las renovables en España, originado por decisiones de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, y agravado por las políticas de Pedro Sánchez y la ex ministra Teresa Ribera, ha generado una elevada factura para el país. La estrategia del Ejecutivo español de no abonar las indemnizaciones decretadas por el Ciadi, al considerarlas una ayuda de Estado y recibir el respaldo de la Unión Europea, ha llevado a los inversores internacionales a acudir a tribunales en países como Reino Unido, Australia y Estados Unidos, logrando sentencias favorables que permiten embargos de bienes españoles. El impago ha acumulado unos 300 millones de euros en intereses de demora, que alcanzan los 200.000 euros diarios, y, junto a las costas judiciales, supone un coste total de 2.285 millones de euros para el erario público.
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Escalada de Intereses: La Cifra Asciende a 101 Millones por Retrasos en Pagos
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