La reciente investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado la existencia de una compleja trama de corrupción relacionada con la obra de sustitución de los tirantes del Puente del Centenario en Sevilla. Este escándalo, que se enmarca dentro del caso Koldo, afecta especialmente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y al exministro José Luis Ábalos, poniendo en entredicho la integridad de la formación en Andalucía.
La obra fue adjudicada a una asociación de empresas compuesta por Acciona, Tecade y Freyssinet y supuestamente utilizada para el cobro de comisiones ilegales. Se ha determinado que Santos Cerdán, quien hasta hace poco fue el número tres del PSOE, estuvo involucrado en las gestiones para cerrar esta adjudicación, que es de vital importancia para la movilidad en la capital andaluza. La UCO ha documentado múltiples mensajes entre Cerdán y Koldo García que indican una serie de presiones políticas y la manipulación de la tramitación administrativa.
En una conversación de 2019, Cerdán mencionó haber solicitado «lo de Sevilla», refiriéndose al cobro de una mordida relacionada con la obra, donde se indica que Ábalos habría recibido 550.000 euros, con una parte aún por distribuir. Las autoridades también han resaltado que la urgencia que se pretendía dar a la adjudicación se basaba en problemas estructurales que finalmente no justificaron el tipo de urgencia alegada. La licitación ordinaria se resolvió en julio de 2021, con un coste inicial de 71,4 millones, aumentados posteriormente a 102,8 millones en 2023.
El escándalo no se limita a Sevilla; según el informe de la Guardia Civil, también hay sospechas de obras en otras provincias de Andalucía como Córdoba, Jaén, Almería y Granada. En Córdoba, se ha identificado un militante socialista que podría haber actuado como intermediario en la obtención de contratos. En Jaén, la corrupción habría llegado a tramos importantes de carreteras, mientras que en Almería se investiga la licitación de una plataforma del AVE y en Granada se efectuaron registros en domicilios de empresarios vinculados a la trama.
La respuesta a estas revelaciones ha sido inmediata. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha exigido explicaciones al gobierno y al PSOE, subrayando la necesidad de que los ciudadanos tengan acceso a información sobre presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos. Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido a proteger el interés público y ha instado a la justicia a llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias.
Este nuevo escándalo de corrupción no solo pone en jaque al PSOE en Andalucía, sino que también plantea serias dudas sobre la confianza en las instituciones y la gestión de los recursos públicos. La situación exige una reflexión profunda y un compromiso firme por parte de todos los actores políticos para restaurar la confianza de los ciudadanos.
Fuente: Partido Popular Andalucía
