El Ministerio del Interior de España ha implementado una medida crucial para fortalecer la seguridad cibernética de sus sistemas en medio de una creciente oleada de ciberataques. Ha contratado a la empresa estadounidense de inteligencia cibernética Recorded Future, a un costo cercano a los 800.000 euros, con el fin de monitorizar amenazas en tiempo real y proteger sistemas críticos. Esta decisión se tomó tras un exitoso período de prueba que comenzó en noviembre de 2024.
En el contexto de una escalada de ciberataques prorrusos desde el inicio del conflicto en Ucrania, la necesidad de esta protección se ha vuelto imperativa. Recientes incidentes en Melilla y en el Ayuntamiento de Villajoyosa, atribuidos a grupos vinculados con el cibercrimen prorruso, como Quilin y NoName057(16), han expuesto la vulnerabilidad de infraestructuras públicas críticas. Estos ataques han paralizado servicios esenciales, resaltando la urgencia de una defensa reforzada.
Recorded Future, con sus capacidades avanzadas de análisis de amenazas, se presenta como una herramienta esencial para anticipar y mitigar estos ataques. La plataforma ofrece una base de datos exhaustiva, utilizando big data e inteligencia artificial para evaluar el ciclo de vida de las amenazas y proporcionar información detallada sobre ellas.
El aumento de ciberataques en España es notable. Según ESET, España es el país más atacado de Europa y se encuentra entre los diez a nivel mundial, una situación agravada por la baja concienciación sobre los riesgos del cibercrimen. Estos ataques no solo amenazan la infraestructura, sino que también pueden resultar en pérdidas económicas sustanciales.
La contratación de Recorded Future se enmarca en un esfuerzo más amplio dentro de Europa para reforzar la ciberseguridad. Otros países de la Unión Europea también han comenzado a adoptar sistemas de inteligencia similares para contrarrestar las operaciones híbridas y desinformación impulsada por actores extranjeros. Con un panorama geopolítico inestable, marcado por el conflicto entre Rusia y Ucrania, iniciativas como esta son fundamentales para proteger la soberanía digital española y coordinarse con marcos internacionales de defensa cibernética.
