España ha dado un paso al frente en el ámbito digital al anunciar su intención de liderar, junto a América Latina, un debate global sobre los derechos de los ciudadanos en el entorno digital. Esta iniciativa fue presentada por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante el congreso Andicom en Cartagena de Indias, donde destacó la necesidad de que “Europa e Iberoamérica tomen partido y eleven su propia voz” en un momento marcado por la expansión de la inteligencia artificial (IA) y las preocupaciones sobre privacidad y seguridad en internet.
En este contexto, ha nacido el Observatorio de Derechos Digitales, una plataforma impulsada por Red.es y respaldada por 19 entidades tecnológicas, académicas y sociales. Con un presupuesto de 10,83 millones de euros financiado principalmente por fondos europeos NextGenerationEU, este organismo busca adaptar los derechos fundamentales al escenario digital, garantizando la aplicación de la Carta de Derechos Digitales aprobada en España en 2021.
España fue pionera al establecer su propia Carta de Derechos Digitales en 2021, un marco que reconoce derechos como la privacidad, la protección de datos, la libertad de expresión y el acceso a internet como esenciales para la democracia en la era digital. Esta senda fue seguida por la Unión Europea y, más adelante, por la Cumbre Iberoamericana, lo que ha consolidado un movimiento que España ahora busca proyectar hacia América Latina, donde la desigualdad digital y la desinformación son desafíos críticos.
Durante el evento, expertos de diferentes campos enfatizaron que la digitalización, sin un enfoque humanista, podría perpetuar desigualdades y generar riesgos. Temas como la desinformación, la protección de la infancia en entornos digitales y la privacidad de los datos personales fueron centrales en las discusiones. Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, subrayó que «el reto no es solo tecnológico, es social, político y cultural».
La reunión contó además con la participación de figuras destacadas como Jaime Abello, director general de la Fundación Gabo, y otros representantes iberoamericanos, quienes coincidieron en que los derechos digitales son una extensión lógica de los derechos humanos, cruciales para la democracia del siglo XXI.
España busca posicionarse como un puente entre Europa y América Latina, coordinando esfuerzos en la protección de derechos, formación digital, cooperación tecnológica e innovación. Óscar López resaltó la necesidad de que la digitalización amplíe las oportunidades de los ciudadanos en lugar de restringirlas, planteando un reto global con impacto local: equilibrar el debate internacional históricamente dominado por Estados Unidos y China, situando la protección de las personas en el centro.
La apuesta es garantizar que derechos como la privacidad, la igualdad y el acceso a internet se respeten tanto en el mundo digital como en el físico, defendiendo una visión humanista y sostenible de la transformación digital.
