El Gobierno de España ha dado un paso decisivo hacia la autarquía científica y tecnológica con la aprobación de un real decreto-ley que establece los Centros de Interés Nacional para la Soberanía Científica y Tecnológica. Este desarrollo busca otorgar un estatus especial a un máximo inicial de 20 centros públicos que trabajen en áreas críticas como los semiconductores avanzados, la inteligencia artificial y las tecnologías cuánticas, entre otras. La medida, anunciada el 20 de noviembre de 2026, incorpora también una serie de incentivos fiscales, elevando las deducciones por innovación tecnológica del 12 % al 15 %.
A través de esta norma, los centros seleccionados disfrutarán de una mayor flexibilidad en contratación, compras y transferencias por un período inicial de cinco años, renovable una vez. Una comisión interministerial, integrada por 14 ministerios con Defensa, Transformación Digital, Industria y Economía en las vicepresidencias, tendrá la tarea de determinar cuáles instituciones obtendrán este estatus privilegiado.
Adicionalmente, el Barcelona Supercomputing Center (BSC) se reestructurará como una fundación pública bajo la administración general del Estado, lo que le permitirá mayor autonomía y la capacidad de crear una empresa para comercializar sus avances tecnológicos. Esta transformación se alinea con el objetivo de potenciar la aplicabilidad comercial de resultados científicos.
El paquete de medidas no solo pretende fortalecer las capacidades tecnológicas del país, sino también facilitar el entorno fiscal para las empresas que invierten en innovación. Las compañías sin beneficios, pero que demuestren actividad innovadora certificada, podrán monetizar hasta 3 millones de euros en deducciones, un aumento significativo desde el millón actual. Además, las bonificaciones a la Seguridad Social para personal indefinido en I+D se extienden de tres a cinco años, y los contratos predoctorales en empresas verán una bonificación mensual incrementada de 115 a 200 euros.
Este decreto se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno español para alcanzar una posición de liderazgo en el ámbito tecnológico, complementando la Estrategia Deep Tech España y el Plan Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica. Aunque el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades detalló los beneficios estructurales de esta normativa, hasta el momento no se han revelado detalles sobre el presupuesto asignado o los criterios específicos de evaluación para la selección de los centros.
La ministra Diana Morant subrayó el aspecto estratégico de esta iniciativa, posicionando la ciencia pública como un eje central para la soberanía tecnológica del país. Este enfoque, dijo, no solo mide la capacidad de un Estado para innovar, sino que también define su habilidad para dar forma a su propio futuro en un panorama global cada vez más competitivo.



