El Gobierno español, junto con el francés, presionó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para modificar sentencias que anularon acuerdos agrícolas y pesqueros entre la UE y Marruecos, buscando el consentimiento del pueblo saharaui, un requisito legal. A pesar de estas presiones, el tribunal rechazó las solicitudes de rectificación de la Comisión Europea, respaldada por España y Francia, que pretendían alterar la interpretación sobre «pueblo» y «población» del Sáhara Occidental, enfatizando el derecho a la autodeterminación del primero. Este intento de ajuste, oculto a parlamentarios y medios, fue visto como un intento de socavar derechos saharauis. La decisión del tribunal refuerza que el pueblo saharaui, mayoritariamente desplazado, es el único titular de derechos sobre su territorio, donde la mayoría actual son colonos marroquíes.
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