El Gobierno español ha dado un paso clave en la reforma del mercado laboral al aprobar en Consejo de Ministros el proyecto de ley que establece la reducción de la jornada máxima semanal de 40 a 37,5 horas sin merma salarial. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se justifica por la necesidad de adaptar la legislación a las nuevas realidades organizativas del trabajo y promover una mejor conciliación entre vida laboral y personal. La norma entra ahora en fase de tramitación parlamentaria y podría incorporar modificaciones antes de su entrada en vigor definitiva.
Un cambio progresivo con fecha límite: 31 de diciembre de 2025
Aunque en un primer momento se planteó una implementación escalonada, pasando por las 38,5 horas durante 2024, el proyecto aprobado establece como límite el 31 de diciembre de 2025 para que las empresas y las comisiones negociadoras de los convenios colectivos adapten sus condiciones laborales a la nueva jornada.
Según cálculos del Ministerio, la medida impactará a más de 12,5 millones de trabajadores, es decir, cerca del 70 % del total de asalariados del país. De ellos, 10,5 millones son empleados a tiempo completo, y el resto, unos 2 millones, trabajan a tiempo parcial —en su mayoría mujeres— y verán un incremento proporcional en su salario al ajustarse el valor de la hora trabajada.
Objetivos: bienestar, productividad y creación de empleo
El Gobierno defiende que esta reducción de jornada persigue fomentar el bienestar de los trabajadores, reducir el estrés y el agotamiento laboral, y, en consecuencia, mejorar la productividad. También se apunta a un posible efecto positivo sobre la creación de empleo: menos horas por trabajador podrían implicar nuevas contrataciones para mantener niveles de actividad, especialmente en sectores de atención continuada.
Entre los beneficios señalados por los expertos figuran:
- Mejor conciliación laboral y familiar.
- Mayor satisfacción y motivación en el trabajo.
- Tiempo adicional para la formación y el desarrollo profesional.
- Estímulo indirecto a la economía del tiempo libre y al consumo cultural y recreativo.
- Posibles mejoras en la salud mental y física de la población trabajadora.
Retos para las empresas: costes y reorganización
No obstante, la aplicación de esta medida no estará exenta de dificultades. El principal obstáculo lo encontrarán las empresas, especialmente las pymes, que deberán reestructurar sus jornadas, contratar nuevo personal o invertir en tecnologías que compensen la menor carga horaria. En algunos sectores —como hostelería, comercio, sanidad o emergencias— donde la cobertura es ininterrumpida o la demanda fluctúa, la flexibilidad operativa será esencial.
También se anticipan ajustes de precios en ciertas actividades para asumir el sobrecoste, lo que podría tener un impacto sobre la inflación o la competitividad.
Un nuevo modelo de registro de jornada: adiós al papel
El proyecto también refuerza las exigencias de registro horario. Las empresas deberán contar con sistemas digitales que permitan un control exacto, fiable y no manipulable del tiempo trabajado. Se elimina así la posibilidad de llevar este control en papel.
Este sistema digital deberá:
- Automatizar el registro.
- Garantizar la trazabilidad de los datos.
- Permitir acceso en tiempo real por parte de los trabajadores e inspectores laborales.
- Conservar la información durante al menos cuatro años.
El Ministerio de Trabajo ha dejado claro que no se permitirá aumentar el número de horas extraordinarias para compensar la reducción, que seguirá limitado a 80 horas anuales por trabajador a tiempo completo, o el porcentaje correspondiente en casos de jornada parcial.
Comparativa europea y contexto internacional
España se une así a un grupo de países europeos que ya operan con jornadas inferiores a 40 horas semanales. Según Eurostat, Noruega, Países Bajos, Dinamarca y Finlandia tienen jornadas medias cercanas a las 38 horas. En contraste, otros países como Suiza, Grecia o Serbia aún superan las 43 horas semanales.
Este movimiento encaja dentro de una tendencia internacional en la que se debate la semana laboral de cuatro días o jornadas más reducidas, no sólo como medida de bienestar social, sino también como palanca para una mayor eficiencia en el empleo del tiempo.
¿Y los contratos a tiempo parcial?
Los trabajadores a tiempo parcial no verán reducidas sus horas, pero sí mejorarán sus ingresos, ya que el valor de la hora trabajada aumentará al cambiar la referencia de 40 a 37,5 horas.
Esto, de manera indirecta, supone una mejora retributiva para quienes, en su mayoría mujeres, sostienen empleos precarios o con jornadas reducidas.
En busca de equilibrio: bienestar, productividad y competitividad
La reducción de jornada representa uno de los cambios estructurales más ambiciosos en décadas. Su éxito dependerá de la capacidad de adaptación de empresas y trabajadores, así como de la implementación de políticas públicas que acompañen la transición: desde el impulso a la digitalización hasta el asesoramiento laboral y la reforma de los convenios colectivos.
En palabras de fuentes del Ministerio, «no se trata sólo de trabajar menos, sino de trabajar mejor». El desafío está en lograr que esta medida mejore la calidad de vida sin comprometer la competitividad empresarial, un equilibrio que no será fácil pero que marca el rumbo de un nuevo paradigma laboral en España.
