El Gobierno español ha defendido su decisión de prohibir la escala en puertos españoles de tres buques que transportaban armas hacia Israel, argumentando que se trata de una medida soberana y conforme a las leyes nacionales. Esta acción, que no infringe la legislación marítima internacional, ha provocado una respuesta de la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos que investiga si España está creando condiciones adversas para el transporte marítimo estadounidense. España insiste en que los casos son excepcionales y no reflejan una actitud hostil hacia EE. UU., destacando su política de no autorizar exportaciones de armamento a la región tras el ataque de Hamás en octubre de 2023. A pesar de las presiones, incluyendo amenazas de sanciones económicas, el gobierno español mantiene su postura, instando a una reducción del suministro de armas a Oriente Próximo en favor de la paz, mientras los buques implicados realizaron escalas en Marruecos. Fuentes diplomáticas refuerzan la posición española y descartan la presencia de una política sistemática de denegación de escalas, así como la posible escala en Rota de otro buque sospechoso.
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