En España, los autónomos enfrentan una de las cargas fiscales más pesadas de Europa, una situación que se ha acentuado tras la reforma de 2023 impulsada por el Ministerio de Hacienda bajo la dirección de María Jesús Montero. En un marcado contraste con países como Francia, Reino Unido o Alemania, donde los profesionales autónomos disfrutan de sistemas más flexibles y justos, los trabajadores por cuenta propia en España lidian con un entorno operativo que parece ahogar su capacidad de supervivencia y crecimiento.
La presión fiscal se ha convertido en una barrera estructural para la supervivencia de numerosos pequeños negocios, particularmente en sectores como la hostelería o el comercio minorista, donde los márgenes son muy reducidos. En el sistema español, los autónomos están obligados a abonar cuotas mensuales fijas que varían significativamente, desde 200 euros para quienes ingresan menos de 670 euros al mes hasta 590 euros para aquellos que superan los 6.000 euros. Además, deben hacer frente a un IRPF progresivo que puede alcanzar hasta el 47%, un IVA del 21%, y un Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que añade un 0,8% extra a la cotización.
A pesar de que se contempla una tarifa plana de 80 euros durante el primer año de actividad, muchos autónomos que apenas superan los 1.000 euros mensuales de ingresos netos se enfrentan a una carga fiscal insostenible. Un informe de InfoAutónomos destaca que «un autónomo que facture 1.500 euros al mes paga el 20% solo en cotizaciones, sin contar impuestos». En comparación, en Francia, este porcentaje se reduce a la mitad durante los primeros años.
Las micropymes, que constituyen el 75% del tejido empresarial español, son las más afectadas por este contexto. Según CEPYME, soportan el 37% de la recaudación fiscal del país, un porcentaje notablemente superior al 25% de media en la Unión Europea. Esto se debe en gran medida a su limitada capacidad para deducir gastos y acceder a beneficios fiscales. La situación se agrava aún más cuando un autónomo tiene un mal mes, ya que, a diferencia de otros países donde la cuota se ajusta, aquí sigue estando obligada a pagar una cuota fija.
Esta situación ha generado un ecosistema empresarial desequilibrado, y algunos autónomos se ven obligados a actuar como «cajeros automáticos del Estado». La comparación con otros modelos europeos muestra que el sistema español es particularmente gravoso. Por ejemplo, en Francia, los autónomos no pagan cuotas el primer año y sus cotizaciones varían entre el 12% y el 22% a partir del segundo año. En el Reino Unido, quienes ganan menos de 11.507 euros al año apenas abonan 14,68 euros mensuales, mientras que en España, los requisitos de declaración trimestral de IVA para facturas aún no cobradas complican aún más la vida de los autónomos.
Además, la diferencia entre grandes empresas y autónomos es palpable en el sistema fiscal español. Las multinacionales pueden beneficiarse de un tipo impositivo reducido en el Impuesto de Sociedades, mientras que las pymes enfrentan un tipo estándar del 25%. Un informe de la OCDE revela que un bar en Madrid destina el 30% de sus ingresos a impuestos y cotizaciones, mientras que uno similar en Lisboa solo paga un 18%. En Berlín, un freelance tributa el 14% por sus primeros 10.000 euros; en Barcelona, esa carga se inicia desde el primer euro.
Mientras tanto, la respuesta del Gobierno ha sido escasa, con la ministra Montero manteniendo silencio ante las crecientes quejas del sector. La falta de reformas, rigidez normativa y una aparente desconexión con la realidad de quienes generan empleo y actividad económica hacen cada vez más insostenible el panorama actual. Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME, resume el sentir general: “No se puede exigir el mismo esfuerzo a un autónomo que a una gran empresa. Pero en España, no solo se exige igual, sino que a veces se exige más”. Así, el futuro de los autónomos españoles sigue siendo incierto, atrapados entre la burocracia y una carga fiscal desproporcionada.
Fuente: Partido Popular Andalucía
