CESIDA, la organización clave en la lucha contra el VIH en España, junto con la Fundación Fernando Pombo, ha conseguido una sentencia histórica que establece un precedente crucial en la batalla contra la discriminación por estado serológico. Este fallo, celebrado por activistas y defensores de derechos humanos, reconoce oficialmente la discriminación que aún enfrentan las personas que viven con VIH, a pesar de los progresos médicos significativos en el tratamiento y prevención del virus.
Julia del Amo, directora de la División de Control del VIH del Ministerio de Sanidad, destacó la importancia de este fallo como un avance fundamental en la protección de los derechos de estas personas. Este desarrollo se alinea con el Pacto Social para la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada con el VIH, reafirmando el compromiso del gobierno español en abordar el tema desde una perspectiva de derechos humanos.
El origen de este caso se remonta a una controversia con la Dirección General de Tráfico (DGT), donde un individuo seropositivo tuvo su permiso de conducir renovado por solo cinco años, en lugar de los diez habituales, debido a su condición de salud, a pesar de que esto no afectaba su capacidad para conducir. Este acto llevó a CESIDA a interponer un recurso administrativo, invocando el artículo 29 de la Ley 15/2022 que autoriza a entidades sociales a defender los derechos de personas afectadas.
El Tribunal Administrativo resolvió a favor de CESIDA, calificando la acción de la DGT como discriminatoria. Este veredicto no solo marca un precedente legal importante en España, sino que también fortalece la posición de las asociaciones que luchan por los derechos humanos de las personas con VIH.
Ana Higuera, de la Fundación Fernando Pombo, y Oliver Marcos, de CESIDA, celebraron esta sentencia como una victoria significativa contra las discriminaciones sutiles pero persistentes que existen. Este logro también pone de relieve la importancia de la Ley 15/2022 en reconocer la legitimidad de las asociaciones para combatir la discriminación en el ámbito público.
Desde un ámbito internacional, Umunyana Rugege de ONUSIDA resaltó la importancia de esta resolución en la defensa de los derechos de las personas con VIH, calificándola como un avance esencial para garantizar un trato justo e igualitario, sin que su estado serológico sea motivo de discriminación. Esta sentencia no solo representa un paso adelante en España, sino que podría inspirar a otros países a seguir un camino similar hacia la justicia y la igualdad.
