España enfrenta una situación paradójica en el ámbito digital, caracterizada por esfuerzos duales en fomento y regulación de los centros de datos. Mientras el país se posiciona como un destino atractivo para estas instalaciones esenciales para la inteligencia artificial y la economía digital, el Gobierno ha implementado controles estrictos sobre su consumo energético e hídrico, buscando minimizar su impacto ambiental.
En los últimos años, España ha emergido como un punto de interés para la creación de centros de datos, gracias a factores como la disponibilidad de energías renovables y la interconexión de fibra óptica. Este atractivo ha incentivado a gigantes tecnológicos, incluyendo Amazon Web Services, Microsoft, Meta y Google, a invertir en el territorio.
El impulso inversor se ha respaldado con el programa «España Digital 2025», que destina significativos recursos para fomentar centros de datos inteligentes, planeando triplicar la capacidad instalada en dos años. Sin embargo, este crecimiento ha suscitado preocupaciones ambientales debido al alto consumo de electricidad y agua, especialmente crítico en un país con desafíos de sequía y presión energética.
En respuesta, el Ministerio para la Transición Ecológica ha propuesto un nuevo Real Decreto que exigirá a los centros con más de 500 kW que reporten detalladamente su consumo de energía y agua, el uso de renovables y su eficiencia. Los centros mayores, superando los 100 MW, deberán figurar entre los más eficientes de Europa. La normativa busca alinearse con directivas europeas para integrar datos en una base centralizada comunitaria.
El decreto también contempla sanciones para quienes incumplan, incluyendo restricciones de acceso a la red eléctrica. Si bien medioambientalistas han recibido positivamente la regulación, el sector tecnológico advierte que una normativa demasiado estricta podría desalentar inversiones futuras.
Casos internacionales, como los de Meta y Microsoft en Estados Unidos, subrayan la necesidad de sostenibilidad en los centros de datos. En España, áreas como Aragón y Castilla-La Mancha expresan preocupación por el impacto en recursos hídricos limitados.
El Gobierno defiende su postura, afirmando que la regulación no pretende frenar el avance digital, sino promover un desarrollo compatible con la transición ecológica. La consulta pública, abierta hasta el 15 de septiembre, será determinante para afinar el alcance del marco regulatorio, en medio de un balance delicado entre innovación y responsabilidad ambiental.
