El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha puesto en marcha una consulta pública con el objetivo de desarrollar una normativa destinada a fortalecer la seguridad y capacidad de respuesta de las redes de comunicaciones frente a situaciones extremas. Esta iniciativa da continuidad al artículo 63 de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), el cual ya impone a los operadores la responsabilidad de asegurar la continuidad del servicio y notificar sobre incidentes significativos.
Este paso se da tras el apagón nacional de abril, que subrayó la vulnerabilidad de la red eléctrica y dejó incomunicadas vastas zonas del país, donde la población recurrió a las radios a pilas como principal fuente de información. Otros eventos, como la pandemia de COVID-19, la erupción volcánica de La Palma en 2021 y la DANA de 2024 que azotó el Mediterráneo, también han evidenciado la fragilidad de las infraestructuras actuales.
El borrador propuesto sugiere la implementación de planes de contingencia obligatorios, tanto generales por operador como específicos por servicio, con un enfoque en mantener la integridad de las redes y asegurar la continuidad del servicio durante emergencias. Además, se propone establecer plazos y procedimientos claros para la notificación de incidentes significativos, así como mecanismos de coordinación entre el Ministerio y otras autoridades a nivel nacional e internacional.
La normativa vigente ya obliga a los operadores a gestionar los riesgos de seguridad y garantizar la máxima disponibilidad de servicios críticos como las llamadas al 112. Sin embargo, el Ministerio busca concretar estas responsabilidades en requisitos operativos tras el aprendizaje de recientes eventos catastróficos.
De aprobarse, los planes de contingencia podrían implicar mejoras en la capacidad energética de estaciones base y centrales, realizar pruebas periódicas de reacción ante fallos y establecer logística de crisis, entre otras medidas. Todo ello busca minimizar el riesgo en un mundo cada vez más dependiente de las tecnologías digitales.
El proceso de consulta pública busca compilar opiniones sobre los problemas existentes, la necesidad de la norma y posibles alternativas. Después de este análisis, se elaborará el proyecto normativo que seguirá los trámites habituales para su aprobación y puesta en marcha.
Los cambios impactarán en la resiliencia de los servicios ofrecidos al público, con la meta de mantener operativos servicios esenciales como el acceso a llamadas de emergencia y la recepción de alertas críticas durante crisis futuras. La normativa se alineará con marcos europeos para evitar duplicidades y garantizar una respuesta coordinada y efectiva ante situaciones de emergencia.
