España enfrenta una crisis de funcionamiento sistémico debido a la ineficacia institucional y corrupción política generalizada. Desde las inundaciones en Valencia hasta los incendios en el noroeste, los ciudadanos han tenido que organizarse ante la falta de respuesta del Estado. La situación recuerda el colapso sanitario durante la pandemia y el desvío de la seguridad hacia la represión en lugar de la protección. La educación pública también ha decaído, impulsando a los padres a optar por opciones privadas. La corrupción se ha enraizado tanto que instituciones clave están paralizadas, salvo para la recaudación fiscal. La indignación popular podría servir como catalizador para un cambio político, en busca de un gobierno más eficiente y menos corrupto.
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