En México, la evolución de la relación entre el Estado y las organizaciones criminales ha atravesado tres etapas distintivas. Inicialmente, durante los años del priismo clásico, los grupos delictivos estaban subordinados a las autoridades, quienes delineaban sus áreas de operación y exigían cuotas. Con la aparición de los cárteles de la droga en los años setenta y ochenta, estas organizaciones comenzaron a asociarse con las autoridades para facilitar operaciones complejas de tráfico y lavado de dinero. En la actualidad, bajo el gobierno de López Obrador, se observa un cambio de paradigma donde los cárteles han aumentado su influencia, llegando a dominar a funcionarios de todos los niveles gubernamentales. Esta situación plantea una inquietante posibilidad: que los criminales no solo busquen influencia política y económica, sino que aspiren a controlar el Estado mismo, poniéndolo bajo su hegemonía.
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