En un movimiento legislativo sin precedentes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado luz verde a un proyecto de ley presupuestario que incluye una polémica cláusula que prohíbe a los estados regular la inteligencia artificial (IA) durante los próximos diez años. Esta medida ha suscitado una ola de críticas por su impacto potencial en la soberanía legislativa estatal y en la protección de los derechos ciudadanos frente a las tecnologías automatizadas.
Oculta entre recortes sociales y ampliaciones fiscales en el extenso texto presupuestario, la disposición fue apoyada por la mayoría republicana de la Cámara y ahora debe superar el filtro del Senado. Allí, podría enfrentar obstáculos legales debido a la conocida como “Regla Byrd”, que impide la inclusión de elementos no presupuestarios durante el proceso de reconciliación.
El paquete aprobado no solo contiene el veto a la legislación estatal sobre IA, sino también recortes significativos en programas como Medicaid, SNAP y Medicare, al tiempo que amplía recortes fiscales para las rentas más altas y elimina incentivos como el crédito fiscal para vehículos eléctricos. Sin embargo, la cláusula que prohíbe a los estados legislar sobre IA hasta 2035 ha generado el mayor revuelo, siendo tildada por grupos de derechos digitales como la Electronic Frontier Foundation de «una concesión directa a los gigantes tecnológicos”.
A pesar del predominante apoyo republicano en la Cámara baja, el proyecto de ley enfrenta divisiones en el Senado. Algunos senadores republicanos, como Marsha Blackburn, han expresado preocupaciones sobre el potencial impacto en regulaciones estatales destinadas a proteger a los artistas de los deepfakes. Por su parte, Josh Hawley criticó el intento de silenciar iniciativas locales frente a los riesgos de la IA.
Defensores del veto afirman que la medida evitará un “caos regulatorio” entre los estados mientras se elabora un marco legal a nivel nacional. No obstante, detractores consideran esta acción una incoherencia ideológica, especialmente de aquellos que históricamente han defendido la autonomía estatal.
La congresista demócrata Lori Trahan fue clara en su advertencia: “Las familias que han pedido ayuda a este comité no se beneficiarán de esta cláusula. Los únicos ganadores serán los directivos de las grandes tecnológicas”.
Actualmente, varios estados ya cuentan con normativas sobre IA dirigidas a prevenir discriminaciones en procesos automatizados o a controlar el uso de deepfakes. Si la ley se aprueba en el Senado, todas estas normas podrían ser suspendidas.
Analistas anticipan que esta cláusula podría dar lugar a desafíos constitucionales por desbalancear las competencias entre federación y estados. Además, se vislumbra un posible frente judicial con la implicación de organizaciones civiles, tecnológicas y gobiernos regionales.
Expertos como Rob Enderle, destacan: “Esto es un paso atrás. Justo cuando los ciudadanos más necesitan protección, se les deja sin herramientas legales efectivas”.
Si el Senado no modifica la propuesta, Estados Unidos podría convertirse en uno de los pocos países democráticos donde las tecnológicas operen sin regulación estatal alguna en materia de IA durante una década, un escenario tan inédito como alarmante para muchos.
