El Ministerio de Justicia ha asumido el liderazgo de la Ley Antipantallas, desplazando al Ministerio de Juventud, que inicialmente gestionaba la iniciativa. Este cambio en la administración de la ley ha generado incertidumbre, ya que las enmiendas pertinentes en el Congreso han enfrentado 21 aplazamientos, retrasando así el proceso legislativo. Esta situación refleja un complejo entramado político en el que la ley destinada a regular el uso de pantallas y proteger a la juventud se encuentra paralizada, afectando su pronta implementación y el debate sobre su contenido.
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