Las entidades sociales critican la falta de transparencia en la implementación nacional del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Tras años de seguimiento por parte del Grupo de trabajo de entidades sociales, el 12 de junio marca un cambio crucial para las políticas migratorias europeas con la entrada en vigor del Pacto. Este nuevo marco plantea desafíos en la protección de derechos para migrantes y refugiados, agravados por el acuerdo del Reglamento europeo de Retorno, que amplifica la detención y medidas coercitivas para deportaciones.
Normativas adicionales han revisado el concepto de tercer país seguro y aprobado una lista de países de origen seguros, cuyos estándares en derechos humanos son cuestionables. Esto pone en peligro derechos consolidados como el asilo, defensa jurídica, acceso a información y atención a las personas vulnerables.
En España, la falta de información clara sobre la adaptación del Pacto genera incertidumbre, pese al trabajo incansable de la sociedad civil. Se exige al Gobierno español y fuerzas políticas garantizar transparencia, derechos humanos y recursos adecuados para el monitoreo de derechos, involucrando al Defensor del Pueblo y a la sociedad civil en sanciones por violaciones de derechos.
El Pacto también introduce procedimientos como el triaje en fronteras, que intensifican el uso de datos biométricos y control desde países sin garantías de derechos humanos. Se subraya la necesidad de personal capacitado en salud y vulnerabilidad, y se pide una reglamentación clara para estos procesos, evitando la coerción especialmente en menores.
La normativa de asilo cambia los procedimientos, aumentando el riesgo de detención y restringiendo movilidad, lo que afecta el acceso a información y asistencia. El retorno ahora se busca incrementar con procedimientos coordinados de asilo y retorno, lo que podría afectar la evaluación adecuada de protección.
Las entidades firmantes, como Amnistía Internacional, CEAR, Oxfam, entre otras, piden acciones concretas para proteger los derechos de las personas migrantes y refugiadas en esta nueva etapa de las políticas europeas.
Fuente: Federación Andalucía Acogel.
