La reciente sentencia del Tribunal General de la Unión Europea ha ratificado una vez más las prácticas anticompetitivas de Intel en el mercado de procesadores x86, manteniendo que durante años la compañía abusó de su posición dominante para frenar a su rival AMD. Sin embargo, la corte ha decidido reducir la multa a 237,1 millones de euros, tras recalcular ciertos parámetros de la sanción impuesta en 2023, que ya había sido considerablemente disminuida respecto al récord de 1.060 millones de euros determinado originalmente en 2009.
El ajuste realizado por el Tribunal pone de relieve la importancia de la proporcionalidad en las sanciones. En su análisis, los jueces consideraron que el alcance del abuso afectó a un número limitado de modelos de ordenador y que hubo intervalos significativos entre los actos anticompetitivos de Intel. Estas consideraciones llevaron a una rebaja de alrededor de 140 millones de euros en la sanción, aunque el fallo reafirma el abuso de Intel y su violación de las normas de competencia de la UE.
El largo camino judicial, iniciado oficialmente en 2009, ha sido un proceso lleno de reversiones y correcciones. La Comisión Europea, que en 2023 había enfocado su cálculo sobre las llamadas «restricciones desnudas» o pagos directos para evitar la comercialización de productos con procesadores AMD, se encuentra ahora en una posición para determinar si llevará el caso al Tribunal de Justicia de la UE. Esta última etapa del litigio podría centrarse en aspectos de derecho más que sobre los hechos ya establecidos.
Para Intel, esta sentencia supone una victoria parcial que, aunque reduce sustancialmente la sanción económica, solidifica los daños reputacionales al confirmar su conducta anticompetitiva. A medida que la compañía busca reposicionar su papel frente a competidores como NVIDIA y AMD en sectores emergentes como la inteligencia artificial y la fabricación de semiconductores, las consecuencias de este fallo perdurarán como un recordatorio de la vigilancia regulatoria.
Para AMD, si bien no existe una compensación financiera directa, el veredicto representa un reconocimiento formal de las dificultades enfrentadas en los primeros años 2000, cuando su capacidad para competir se vio obstaculizada no solo por la calidad de sus productos, sino por maniobras excluyentes. Este reconocimiento llega en un momento en que AMD ha fortalecido su posición en el mercado gracias a innovadoras estrategias corporativas.
El caso, más allá del conflicto bipartito entre Intel y AMD, lanza un contundente mensaje a toda la industria tecnológica: las prácticas comerciales en la Unión Europea están sujetas a un escrutinio prolongado e incansable. A pesar de los años transcurridos, la UE continúa reforzando la distinción entre competencia leal y acuerdos que restringen injustamente el acceso al mercado. Este fallo es un aviso a las grandes corporaciones sobre la importancia de mantener la integridad competitiva en sus operaciones estratégicas.
Con el mercado de procesadores x86 en un punto muy diferente al de la pasada década, Intel y AMD enfrentan un futuro lleno de desafíos y oportunidades en una era marcada por un mayor escrutinio regulatorio y un creciente interés en la gobernanza tecnológica. La resolución del caso, aunque aún abierta a potenciales litigios adicionales, subraya el compromiso europeo de regular el sector tecnológico con firmeza y equidad.
