En un movimiento que marca un punto de inflexión en la política de seguridad tecnológica de Europa, Bruselas se prepara para implementar un cambio drástico en la forma en que los proveedores considerados de «alto riesgo» acceden a la infraestructura crítica. La Comisión Europea tiene previsto presentar una propuesta el 20 de enero de 2026 para convertir en obligatorias las medidas que hasta ahora eran meras recomendaciones. Estas medidas buscan limitar o eliminar gradualmente el uso de equipos de empresas como Huawei y ZTE en sectores cruciales, extendiendo ahora su alcance hacia ámbitos como el sector energético, incluidos los sistemas de energía solar. Este cambio apunta a mitigar la dependencia tecnológica estratégica bajo la directriz del “de-risking”.
Hasta la fecha, el marco europeo para asegurar el despliegue de redes 5G y otras infraestructuras críticas ha operado bajo principios de orientación y coordinación, brindando a cada Estado miembro la posibilidad de ajustar la severidad de sus restricciones. Sin embargo, este enfoque flexible ha generado un panorama desigual dentro de la Unión Europea, donde algunos países han adoptado medidas estrictas contra proveedores chinos, mientras que otros, por razones de coste y otros factores, han mantenido un enfoque más abierto.
La importancia industrial de Huawei en Europa no puede subestimarse. Aunque su influencia en el mercado de smartphones se ha visto disminuida debido a restricciones y sanciones, su presencia en la infraestructura de redes sigue siendo fuerte. El proceso de retirar o reemplazar tecnologías ya instaladas no es trivial; implica complicaciones técnicas significativas, así como implicaciones financieras para los operadores, quienes deben reconfigurar sus planes de inversión a largo plazo.
Países como Alemania han optado por un enfoque gradual, evidenciado por su acuerdo en 2024 para retirar fases de componentes de Huawei y ZTE del núcleo de 5G para finales de 2026, evitando una ruptura abrupta que ponga en riesgo la continuidad del servicio. Operadores como Telefónica ya han comenzado a retirar equipamientos similares en mercados como España y Alemania, demostrando cómo la cadena de suministro se adapta ante cambios regulatorios.
La propuesta emerge en un contexto donde la Unión Europea busca reforzar su soberanía tecnológica. No se trata solo de reducir la dependencia de China; es también un esfuerzo por no volverse demasiado dependiente de cualquier actor extranjero, incluidas las grandes tecnológicas estadounidenses. Esta postura se alinea con la meta europea de desarrollar ofertas tecnológicas soberanas, salvaguardando la gestión de infraestructura crítica y la jurisdicción sobre los datos.
Como era de esperar, China ha respondido duramente, con su Ministerio de Exteriores acusando a la UE de proteccionismo y advirtiendo sobre el daño potencial a la confianza de las empresas chinas en el mercado europeo.
Si esta propuesta se convierte en normativa obligatoria, las repercusiones se notarán de inmediato: los operadores deberán ajustar sus estrategias de adquisición y cadenas de suministro, lo que podría aumentar la competencia entre proveedores considerados «de confianza». No obstante, los costos asociados y los plazos de implementación podrían generar tensiones presupuestarias. Además, dado que infraestructura crítica como telecomunicaciones y energía están interconectadas, decisiones en un sector podrían tener efectos dominó en otros.
La propuesta aún debe navegar el proceso político, pero el mensaje es claro: Europa busca que su infraestructura crítica evolucione hacia un modelo menos dependiente de decisiones tecnológicas externas y más controlable internamente.
