La Generalitat Valenciana y grupos políticos se enfrentan ante la atribución de responsabilidades por los bloqueos en proyectos hidráulicos en los barrancos de La Saleta y Poyo, tras la dana del 29 de octubre. Informes de la Generalitat no desestiman estas obras, condicionándolas, principalmente, a planes de integración paisajística. Sin embargo, PP y Vox mantienen que la ley de l’Horta, aprobada por el antiguo gobierno del Botànic, obstruye estos desarrollos. Mientras tanto, la administración de Carlos Mazón avanza en la modificación de dicha ley, eliminando el Consell de l’Horta y flexibilizando el uso de suelos protegidos, con fines residenciales y deportivos, lo cual es criticado por la oposición como un regreso al urbanismo intensivo. Informes indican que no hay objeciones medioambientales a los proyectos, que están pendientes desde hace décadas, como los de la CHJ, dirigidos a mitigar inundaciones en municipios afectados. La diputada socialista María José Salvador defiende que la modificación legislativa no afecta las infraestructuras hidráulicas, instando al actual gobierno a no desinformar.
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Evaluaciones ambientales positivas de la Generalitat avalan las obras en los barrancos de la Saleta y el Poyo
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