La Ley de Nietos se ha transformado en un eje central en la precampaña electoral del 29-N, generando tensiones por la amenaza de impugnación de resultados. Esta polémica normativa requiere a los consulados a aclarar la situación de 163,020 ciudadanos cuyo derecho al voto fue suspendido por el Tribunal Supremo. El proceso se complica debido a una instrucción previa que no exigía acreditar la condición de exiliado de los antepasados para obtener la nacionalidad. La situación actual exige que los consulados, con recursos limitados, verifiquen la elegibilidad al voto, generando incertidumbres sobre el voto CERA. La falta de medios y las bajas del personal por estrés aumentan la complejidad, mientras se distribuye documentación electoral que podría invalidarse si no se cumple con los requisitos legales.
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