Un reciente informe del relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, ha generado preocupación en torno a las actuales políticas gubernamentales dirigidas al crecimiento económico. El documento advierte sobre los preocupantes efectos adversos de estas estrategias en la salud mental de las personas que viven en condiciones de pobreza. De Schutter ha señalado que la obsesión por aumentar el producto interno bruto (PIB) está propiciando una «marea de mala salud mental» entre los ciudadanos más vulnerables.
El informe revela que aproximadamente 970 millones de personas en el mundo, es decir, un 11% de la población global, sufren algún tipo de trastorno mental. Las estadísticas son especialmente alarmantes entre aquellos con ingresos bajos, ya que tienen hasta tres veces más probabilidades de experimentar problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad, en comparación con individuos de mayores recursos.
De Schutter subrayó que, si bien el agotamiento mental está siendo cada vez más reconocido en diversos sectores profesionales, la situación es aún más crítica para quienes viven en pobreza. Este grupo de la población, que frecuentemente trabaja en empleos informales y precarios, enfrenta una crisis de salud mental que a menudo es ignorada. La incertidumbre y el miedo a perder lo poco que poseen generan un estado constante de ansiedad, lo cual resulta en depresión y otros trastornos mentales.
El informe también denuncia las repercusiones negativas de las políticas de flexibilización laboral implementadas para fomentar el crecimiento económico. Estas medidas han deteriorado la calidad de vida de los trabajadores de bajos ingresos al reducir los contratos estables y favorecer los empleos a tiempo parcial, socavando así las garantías laborales y los salarios dignos. Según De Schutter, el estrés derivado de un empleo inestable puede ser más perjudicial para la salud mental que el desempleo mismo.
Ante este panorama, el relator especial ha instado a los gobiernos a tomar medidas urgentes contra el trabajo precario. Entre las propuestas, se destaca la implementación de protecciones legales para asegurar empleos decentes y salarios adecuados. Asimismo, se aboga por un sistema que informe a los trabajadores sobre sus horarios con antelación y garantice un mínimo de horas laborales para quienes tienen empleos a tiempo parcial.
Una de las recomendaciones clave del informe es la potencial implementación de una renta básica universal como solución efectiva para mejorar la salud mental de aquellos en situación de pobreza. Este respaldo económico incondicional podría contribuir significativamente a su bienestar psicológico.
Finalmente, De Schutter concluye que la incansable búsqueda del crecimiento económico ha derivado en una economía que no solo ha fracasado en erradicar la pobreza, sino que también ha exacerbado la desigualdad y ha tenido consecuencias devastadoras para la salud mental de la población. Enfatizó que una solución efectiva debe priorizar las necesidades sociales y el bienestar de las personas sobre el crecimiento económico desenfrenado.
